Ordenan la captura de por lo menos cinco miembros del secretariado de las Farc.

Al revisar un expediente en el que 27 menores de edad habrían sido reclutados por el frente 36 de las Farc, el juzgado segundo penal municipal de Medellín con función de control de garantías, ordenó la captura de por lo menos cinco miembros del secretariado de las Farc.

Los hechos habrían ocurrido en los municipios del bajo Cauca y occidente de Antioquia y son considerardos como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.


Entre las cabecillas que incluyó el juzgado en la orden de captura están: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, Luciano Marín, alias Iván Márquez, Millón de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra, alias el médico o Mauricio Jaramillo, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape.

Cinco de los miembros, hacen parte de la mesa de diálogo en La Habana (Cuba).

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No se ha llegado a ningún acuerdo en los diálogos de paz entre el Gobierno y la Farc .

Los diálogos de paz entre el Gobierno y la Farc siguen enfocados a superar las diferencias que persisten entre las partes respecto a las zonas de concentración, sin embargo, este último de conversaciones terminará sin un acuerdo concreto entre ambas delegaciones.

Para el Gobierno se trata de zonas de concentración, pero las Farc hablan de zonas campamentarias, además, consideran que es una negociación sistemática donde cada punto acordado en este aspecto va ligado a otro de igual importancia.

Para las delegaciones, la dejación de armas va amarrada a la movilización de los guerrilleros a las zonas de concentración y esas zonas a la suspensión de órdenes de captura o medidas de aseguramiento de quienes decidan hacer parte del proceso de paz.

En este orden de idea se espera que entre el 20 y 21 de junio comience un nuevo ciclo de conversaciones con el cuál se pueda llegar a un acuerdo definitivo en este punto de la agenda.

Por último, se conoció que ambas delegaciones siguen trabajando en el protocolo para la devolución de los menores de 15 años que forman parte de las filas de las Farc a sus familias.

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En Medellín hubieron cinco muertos en menos de tres horas.

El primer acto sicarial se presentó a eso de las seis de la tarde en un bloque residencial del barrio Blanquizal, en la Comuna 13.

Allí un joven de 18 años y otro de 24, que se encontraba afuera de su casa, fueron atacados por dos sujetos con arma de fuego. Las víctimas fallecieron en la unidad intermedia de San Cristóbal.

Según un familiar, el asesinato lo perpetró alias ‘Peralda’ y otro hombre, pertenecientes a la banda conocida como ‘Los Chakales’.

Luego, entre las ocho y media y nueve de la noche, en Robledo se registraron tres homicidios.


El primero de ellos ocurrió en el barrio Altamira. Allí un hombre de 22 años, conocido como ‘la Chinga’ y de profesión mecánico, fue abordado por desconocidos en inmediaciones de su residencia que sin mediar palabra le dispararon.

La víctima recibió cuatro impactos en la cara y uno en el tórax y falleció al ingresar a las urgencias del Hospital Pablo  Uribe.

Este joven presentaba anotaciones en el SPOA como indiciado por los delitos de violencia contra servidor público, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Según información del cuadrante de policía del sector, este joven era reconocido por dedicarse a la venta de estupefacientes.

Por otra parte, cuando se encontraba departiendo con conocidos en un bar cercano a su residencia en el barrio Córdoba, un joven de 21 años fue atacado con arma de fuego por un sujeto desconocido que ingresó al establecimiento comercial.

Finalmente, a las nueve de la noche la patrulla del cuadrante del Cerro El Volador fue alertada del hallazgo de un cuerpo sin vida en plena vía pública.

Al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró el cuerpo de un hombre no identificado, de aproximadamente 25 años, el cual presentaba diferentes heridas ocasionadas con arma de fuego.
Según residentes del sector, la víctima no era reconocida en el barrio y afirmaron desconocer cómo sucedieron los hechos.

Al lugar no se acercaron familiares o amigos que pudieran aportar algún tipo de información sobre la identidad y los móviles de este homicidio.

En lo que va del año han sido asesinadas 211 personas, 11 personas más que el año pasado en el mismo periodo.

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Terrible situación deja Una avalancha en la carretera que comunica a Quibdó con Medellín en la cual murieron 5 personas.

Una avalancha en el sitio conocido como ‘El 20’, en la carretera que comunica a Quibdó  con Medellín, cerca al El Carmen de Atrato, sepultó aproximadamente 30 personas, sin embargo, hasta el momento hay confirmados tan solo 5 muertos.
El hecho ocurrió hacia las 4:40 p.m. y se espera la presencia de la Defensa Civil y otros organismos de socorro para iniciar las labores de búsqueda de las personas desaparecidas.

Un viajero que alcanzó a pasar por la montaña de piedra y lodo, dijo que es grave la situación porque la cantidad de barro que cayó se llevó la banca de la vía.

El coronel Francisco Javier Pacheco, comandante del Batallón Manosalva del Chocó, confirmó lo sucedido, sin embargo, no dio un número exacto de víctimas.


"En el sector del 20 donde hacían trabajos de mantenimiento en la vía, se vino una avalancha fuerte se llevó dos retroexcavadoras dos volquetas, no tenemos dato exacto de víctimas y estamos trabajando en el sitio exacto donde ocurrió el derrumbe", dijo el oficial.

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Julio Berdegué dijo que el POT ,debe dejar darle tantos previlegios a lo urbano.

Julio Berdegué es investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp. Ha sido invitado por el Departamento Nacion al de Planeación como ponente del seminario “Colombia, hacia la planeación de territorios modernos”, que se realiza hoy en Bogotá. ,Verdegueé explica por qué la complejidad del entorno rural va más allá del sector de la agricultura y su planteamiento de poner en marcha un ordenamiento territorial integral y participativo.

Hay que incorporar con mucha fuerza los vínculos rurales-urbanos en el municipio: cómo se facilitarán esas relaciones, los flujos de productos, servicios, servicios ambientales, trabajadores, entre el campo y la ciudad en cada municipio. Además, los municipios no son planetas aislados, sino que se relacionan fuertemente entre sí, dependen unos de otros. Los POT tienen que tener eso encuenta, pensar cómo cada municipio se vincula mejor con sus vecinos y con los territorios y regiones que integra. También es relevante dar tanta o más importancia al proceso que al producto final, a cómo se hacen los POT, quién los hace, quién participa, qué se discute o cómo. Finalmente, aprovechar este ejercicio para impulsar un debate más amplio sobre cómo nos aseguramos que lo que se decida y se plasme en los POT se fiscalice, se cumpla, y lo que no se cumpla, se sancione.

El fuerte sesgo urbano en el diseño y la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial para la planificación del territorio. Las decisiones de los responsables territoriales han privilegiado el ordenamiento urbano, lo que ha dejado por fuera los suelos rurales, como si estos no hicieran parte de un mismo territorio. Desconocen así la unidad urbano-rural, que complementa la gestión del territorio y que facilita el desarrollo integral de las comunidades. Para superarlo, iose debe cambiar la perspectiva predominantemente urbana del territor. También, incorporar la participación ciudadana para que el ordenamiento territorial responda a las necesidades de sus habitantes y que sean actores activos de su propio desarrollo. Se deben crear los mecanismos normativos, institucionales y operativos que incentiven y faciliten el ordenamiento del suelo rural, desde las órbitas municipal, departamental y regional.

Las políticas deben contemplar el desarrollo rural como un proceso integral, que supere la visión asistencialista y que considere a los habitantes del campo como agentes de desarrollo y sujetos de derecho. Para ello, es importante aplicar mecanismos que aseguren que los habitantes rurales y sus actividades cuentan con la provisión y dotación de bienes y servicios que potencian y favorecen el desarrollo rural con enfoque territorial. Se deben desarrollar instrumentos adaptables y flexibles a la ruralidad, que busquen la convergencia campo-ciudad. Considero que, en este sentido, los acuerdos de La Habana ayudarán a Colombia a construir el camino para hacer el campo más equitativo.

Es necesario fortalecer la gobernanza desde un enfoque territorial, para que haya capacidad de identificar y proveer las herramientas que permitan usar y ocupar los territorios rurales de manera coherente con el desarrollo económico y social, con la provisión sostenible de bienes y servicios ambientales, con seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y, en general, de las decisiones que se toman sobre el territorio. También se requiere que existan mecanismos formales e informales que ayuden a resolver los conflictos territoriales y armonizar las decisiones de los órdenes nacional, regional y territorial. Ordenar el territorio rural implica ordenar la propiedad y el uso de los suelos rurales, no sólo los agropecuarios. Por supuesto, hay que facilitar que quienes tienen poca tierra puedan acceder a una mayor dotación, y sobre esto hay propuestas muy interesantes en el informe de la Misión Rural. Si no se ordena la propiedad de la tierra y su función social, es muy difícil que alguien invierta en serio.

Que hayan resuelto globalmente el problema, ninguno. Hay partes o componentes en los que algún país tiene camino avanzado, quizá con éxito. México, por ejemplo, desde mediados de 1990 hizo un enorme esfuerzo de regularizar, catastrar, registrar y formalizar la totalidad de lo que en ese país se llama la “propiedad social”, es decir, los tejidos que habían resultado de la reforma agraria de la Revolución mexicana y las comunidades indígenas. Hoy, la propiedad social, que es como el 60 % del territorio mexicano, está perfectamente ordenada y sin mayores conflictos, gracias a un programa que se llamó Procede. En Chile, cada región y cada municipio tienen al día sus planes de ordenamiento, y estos abarcan más o menos en forma razonable las zonas urbanas y las rurales. En lo formal, la institucionalidad opera muy bien. Otra cosa es si nos preguntamos qué tanto efecto tienen esos planes en regular efectivamente las inversiones públicas y privadas.

Por sí solos, los POT no pueden poner fin al debate sobre los derechos de propiedad de la tierra. Pero como una pieza de un sistema institucional mayor, harán un aporte. Otras piezas son el catastro, el registro y la formalización masiva de la propiedad; el establecimiento de mecanismos ágiles y eficaces de resolución de conflictos; los usos legítimos y legales de uso del suelo, y contar con formas institucionalizadas para coordinar los distintos instrumentos de planeación que dictan resoluciones sobre un mismo territorio, por ejemplo, la legislación minera, ambiental y agraria, entre otras.

Allí vive un tercio de la población de Colombia, incluyendo a los más pobres; se producen el agua y la comida; reside la biodiversidad; parte de la cultura nacional tiene raíces rurales, incluyendo buena parte de su música, su cocina o García Márquez; se da empleo y genera divisas. Allí nació el conflicto armado y allí se tiene que terminar; se produce la coca, la tala de bosques y la minería ilegales que financian el crimen y la delincuencia. Colombia no puede ser un país moderno y desarrollado si su parte rural permanece en el subdesarrollo.

La vocación agrícola en Colombia cambió en varias regiones. Departamentos que por tradición eran cafeteros hoy ya no lo son. Esto significa que el mapa territorial está cambiando. ¿Cómo puede un plan de ordenamiento potencializar las nuevas dinámicas productivas?
Si los POT son para hacer la contabilidad de lo que ya pasó, mejor ahorrarse el dinero; eso no sirve para nada. Los POT deben ser un proceso, más que un producto, en el que la sociedad local piensa su futuro, discute las distintas opciones y finalmente resuelve. El documento y los mapas finales deben ser ante todo una especie de “acta de acuerdos” sobre ese futuro o, con más precisión, sobre la asignación y el uso del espacio del territorio para apoyar ciertas tendencias, frenar otras y mitigar los impactos de aquellas que fueron importantes, pero que están dejando de serlo. Los POT no pueden ser un ejercicio tecnocrático, en el que los expertos deciden lo que conviene o no. Por supuesto, la técnica tiene un papel, pero ese papel es informar, analizar opciones, medir costos y beneficios, para aportar insumos a las decisiones de quienes tienen que decidir, las autoridades departamentales y municipales y los actores sociales. Un POT que no haya dialogado con el sector privado, con las comunidades indígenas, con los campesinos o inversionistas en vivienda es una fantasía y no vale el papel en que está escrito.

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Tres mujeres muertas, dejó un accidente de tránsito.

Tres mujeres muertas, dejó un accidente de tránsito registrado durante la Operación Retorno del puente festivo en carreteras del Valle del Cauca.
El hecho se registró en el sector del overo, jurisdicción del municipio de Bugalagrande, centro del departamento, cuando un vehículo Renault Sandero, en donde se transportaban cinco personas, chocan contra un poste de alumbrado público, en la vía Andalucía-Cerritos.

Las personas que fallecieron, fueron identificadas como Luz Dary Restrepo Rodriguez, de 49 años, quien conducía el vehículo, Luz Alba Restrepo Rodríguez de 47 años y Luz Elena Restrepo rodríguez de 48 años, la cual murió en la clínica María Ángel del municipio de Tuluá.

Así mismo, resultaron lesionados Bernardo Antonio Restrepo Marín y Gladys Restrepo Rodríguez, con traumas múltiples y están siendo atendidos en la clínica María Ángel de Tuluá.

Según las autoridades viales, la causa del accidente sería micro sueño.

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Nairo Quintana encabeza la lista de preseleccionados por el Movistar para el Tour de Francia .

Nairo Quintana encabeza la lista de preseleccionados por el Movistar para el Tour de Francia que tendrá lugar del 2 al 24 de julio, en la que también se incluye el español Alejandro Valverde, tercer clasificado en el Giro de Italia y el colombiano Winner Anacona.

De momento, y a falta de la disputa de los diferentes campeonatos nacionales, Eusebio Unzue ha avanzado una lista de 12 corredores, de los que quedarán 9 para el Tour.

Junto a Quintana, Valverde, Winner Anacona fueron preseleccionados Jonathan Castroviejo, Alex Dowsett, Imanol Erviti, Jesús Herrada, Gorka e Ion Izagirre, Dani Moreno, Nelson Oliveira y Fran Ventoso.

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Encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko.

Parece que cada vez está más cerca un encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, detractor del proceso de paz, y Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, máximo comandante de las Farc. 
El exministro conservador Álvaro Leyva sostuvo una reunión el pasado jueves con el exmandatario en la cual le manifestó la importancia que tiene para el país que acepte sentarse a dialogar con Timochenko, quien hace unos días le insistió para que conversaran sobre el proceso de paz. 

“Le manifesté al expresidente mi opinión sobre el valor y utilidad para el país de la pronta realización de ese encuentro (…) es necesario e inaplazable buscar un gran acuerdo político nacional que nos permita encontrar aires renovados”, indicó Leyva a través de un comunicado.

Por esta razón, asume la tarea y gran responsabilidad desde ahora de ser un intermediario para que dicho encuentro, que sería histórico, se pueda llevar a cabo, “El diálogo no se debe postergar ni un minuto más”, agregó. 
El asesor de las Farc y amigo cercano del expresidente Uribe tiene a su favor que ninguno de los interlocutores (Uribe y Timochenko), según él, ha dicho ‘No’ a esta posibilidad.

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¿En qué queda el proceso de negociación que anunciaron Gobierno y Eln?

¿En qué queda el proceso de negociación que el pasado 30 de marzo anunciaron Gobierno y Eln, tras confirmarse que esa guerrilla tiene en su poder a los periodistas Salud Hernández y Diego D’Pablo y el camarógrafo Carlos Melo?

Es la pregunta que queda en el ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo presidente Juan Manuel Santos había dicho, en más de una ocasión, que la instalación de la mesa formal de diálogos, que en su fase inicial tenía como sede a Ecuador, estaba supeditada a la liberación de todos los secuestrados por parte del Eln.

“No vamos a iniciar la fase pública de negociación hasta tanto este grupo renuncie al secuestro y devuelva hasta al último de los secuestrados en su poder (…) es inconcebible que este grupo, en lugar de dar muestras concretas de paz, insista en el secuestro”, dijo concretamente el jefe de Estado el pasado 30 de abril.

En respuesta, el máximo comandante de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, manifestó en una entrevista para Red + Noticias, que estaban listos para conversar y discutir de lo que sea con el Gobierno y con la sociedad colombiana, pero que no aceptaban imposiciones.

“Nosotros tenemos con el Gobierno ya una agenda bastante amplia (…) somos una gente muy parecida al común de la gente colombiana, por ejemplo, a nadie le gustan las imposiciones, entonces no estamos dispuestos a aceptar imposiciones. Quiero decir que si se acuerda algo, de eso estamos dispuestos a discutir de manera amplia. Ya si se nos imponen cosas, como lo último que ocurrió que el presidente pretende imponernos una condición sin ser un acuerdo establecido y cuando hay un punto específico de la mesa, en el caso concreto de las actividades de retenciones y demás, es para discutirlo en el quinto punto, pues es allá donde corresponde y no puede haber condicionantes”, manifestó el jefe guerrillero.

Sin duda, las cosas se complican ahora con el secuestro de Hernández y los otros dos comunicadores. Y las presiones políticas al Gobierno comienzan a sentirse. Por lo menos, desde el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, su más acérrimo opositor, es una “vergüenza” que solo después de cinco días se salga a reconocer que estaban en poder del Eln. “Santos se ha convertido en cómplice de los criminales”, escribió en Twitter el senador Ernesto Macías.

Por su parte, el representante a la Cámara Samuel Hoyos, también del uribismo, le pidió al Gobierno imponer el Estado de Derecho y enfatizó: “El secuestro de periodistas en el Catatumbo es el costo de premiar a criminales con impunidad”.

Según conoció El Espectador, en los acercamientos que se están llevando a cabo de cara a la instalación formal de la mesa de conversaciones, se ha hablado de la necesidad de hacer gestos de construcción de confianza, no solo por parte de la guerrilla sino también del Gobierno. En este sentido, en algún momento se ha planteado que el Eln proscriba el secuestro a cambio, por ejemplo, de la suspensión de los bombardeos contra sus campamentos.

Asimismo, se podría considerar la posibilidad de que el punto cinco del que habla “Gabino” y que se refiere a lo del secuestro, se aborde de primero en las negociaciones, con el fin de resolver ese tipo de situaciones, que son las que generan zozobra en los colombianos.

Ahora, hay otros asuntos a considerar en esta difícil situación del secuestro de Salud Hernández, Diego D’Pablo y Carlos Melo. Lo primero, que el Eln tiene ahora la obligación de protegerlos, pues sea como sea existe un compromiso con el Gobierno en cuanto a iniciar un proceso de paz y un desenlace desafortunado implicaría unos costos políticos incalculables para esa guerrilla.

Lo otro, le dijo una fuente gubernamental a este diario, es que el Frente Nororiental -con influencia en los departamentos de Santander y Norte de Santander, y liderado por Carlos Martínez, alias “Alexander”- que según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, es el responsable del secuestro, es uno de los más reacios a entablar negociaciones de paz.

Siempre se ha dicho que el Eln es una guerrilla federalizada, es decir que sus bloques de guerra actúan autónomamente, por lo que hacer la paz con ella es más complicado. Sea como sea, el secuestro de los tres comunicadores implica crisis para un proceso de paz que ni siquiera se ha iniciado y que podría llevar al Gobierno a cerrarle la puerta.

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¿ Estas de acuerdo con que debamos pagar un impuesto para la paz ?

Según cálculos del Congreso de la República, que la primera etapa del posconflicto le costará al Estado 90 billones de pesos en los primeros diez años. Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas.

Esperamos que no se dejen obnubilar por las firmas y las fotos, y que tengan en la cabeza la dimensión que implica restaurar la vida de 15 millones de personas que han padecido por décadas los rigores de la guerra. Infraestructura, educación, salud, procesos productivos, y normalización de tierras son algunos de los factores neurálgicos, la verdadera tarea de la paz que deberá afrontarse con voluntad política, con capacidad ejecutiva y con mucha plata.

Ese costo monumental, entre otras cosas, es una de las razones ocultas que tienen los enemigos del proceso, muchos de los cuales tendrán que sacar de sus abultados bolsillos los impuestos que la recaudación de ese dinero implica, para torpedearlo en todos los frentes y con diversas estrategias.

Algunos oportunistas ya están frotándose las manos; se emocionan mientras se relamen sus colmillos de vampiros, esperando el momento adecuado para chupar un poquito de la savia contenida en esta cantidad de recursos, miran los ceros a la derecha, vislumbran el contrato, el serrucho, la mordida, calculan la componenda y la marrulla. Para mantenerlos a raya, algunos de los cooperantes internacionales protegen sus aportes de los oportunistas. La Unión Europea, por ejemplo, implementa un complejo sistema de verificación que reúne, entre otros recursos, auditorías, evaluación de cumplimiento de metas y verificaciones en terreno que, incluso, pueden condicionar la continuación de los apoyos futuros.

Pero si el gobierno parece un poco aturdido ante la responsabilidad que se le viene encima, los ciudadanos, como suele ocurrir en asuntos que nos atañen a todos, asumimos que esa reconstrucción no nos corresponde a nosotros, que se trata de una obligación de ellos, los que gobiernan; nosotros miraremos desde la barrera y trinaremos . Nada más ingenuo. Nada más cínico. Porque como es claro que los conflictos armados de Colombia no han sido por culpa de unos pocos desadaptados ilegales y de un puñado de ineptos en los cuarteles, sino que la sociedad entera ha sido su cohonestadora, su fomentadora y su alimentadora, pues todo el mundo tiene que pagar el precio que va a costar arreglar el problema en el que nos hemos metido.

No nos gustará cuando tengamos que apretarnos el cinturón, no nos caerá en gracia que se ponga sobre la mesa la posibilidad de un impuesto para la paz (hubo uno para la guerra), gritaremos de rabia y añoraremos los días de Uribe cuando ordenaba ráfagas a diestra y siniestra y la pila de muertos no paraba de crecer. Pero será tarde. Tendremos que acostumbrarnos a la idea de que hemos hecho un desastre con este país y que de nuestro esfuerzo dependerá que no se repitan las barbaries. Deberemos cambiar nuestra visión de sociedad y de país, deberemos perdonar, deberemos aprender de la inutilidad de la violencia, de su inmoralidad y de su estupidez. Y también deberemos pagar, de nuestro bolsillo, lo que vale haber sido tan estúpidos, tan inmorales, tan violentos.

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¿ Sabes cual es el nuevo Régimen Sancionatorio para la Superintendencia de Puertos y Transporte?. Descubrelo entrando aquí.

Después de tres intentos fallidos y 20 años sin actualizarse, fue aprobada en la plenaria del Senado el nuevo Régimen Sancionatorio para la Superintendencia de Puertos y Transporte. Ahora el documento espera la conciliación y luego irá a sanción presidencial para que se convierta en ley.

¿Qué se logró? Antes, un camión que era descubierto con sobrepeso recibía una sanción de cinco salarios mínimos, pero también se encontraba el caso de otro camión similar con igual sobrepeso, pero recibía una multa de 30 salarios. Ahora se unificarán las sanciones para conductas con las mismas características, lo que permite una acción más efectiva de la Supertransporte frente a sus vigilados.

"Este nuevo Régimen fortalece las herramientas jurídicas, técnicas y financieras de la Supertransporte para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del transporte público en Colombia", advirtió el ente regulador. Este "articulado define –de manera específica– los sujetos de vigilancia, las infracciones y las sanciones, buscando reglas objetivas y no discrecionales, la implementación de medidas cautelares y preventivas, la descongestión administrativa a través de un proceso verbal abreviado y la imposición de multas acorde a la realidad, entre otros aspectos importantes", agregó.

Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, fue claro en que “todos nuestros vigilados deben saber que la Superintendencia está para acompañarlos. Este es un gran paso para consolidar la transformación institucional que emprendimos a finales de 2014, con el fin de convertirnos en una entidad que no solo sanciona, sino que también asumió un enfoque más preventivo frente a todas las dinámicas del transporte público colombiano".

Este es uno de los proyectos bandera de Jaramillo, quien desde su llegada a la entidad emprendió un trabajo conjunto con el legislativo y con los diferentes gremios con el fin de transformar este Régimen, que llevaba más de dos décadas sin actualizarse y que estaba rezagado frente a la constante evolución del sector transporte. 

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preocupación por la salud de Horacio serpa, jefe del Partido Liberal.

Horacio Serpa, dirigente político de mil batallas y de 73 años de edad, no estuvo presente este miércoles en la sesión de la Comisión Primera del Senado. Tuvo que someterse a una observación médica a causa de unos dolores en el pecho que hicieron pensar en un posible episodio de infarto.

Sin embargo, galenos de la Clínica del Country, a donde ingresó en la noche del martes, descartaron esta posibilidad. El senador sigue en observación.

La preocupación surgió tras la plenaria del Senado del martes. Serpa sufrió dolores en el pecho, cerca del corazón, por lo que ingresó pasadas las 8:00 p. m. a esa institución hospitalaria, ubicada en el norte de Bogotá.

No es la primera vez que la salud del jefe del Partido Liberal preocupa. En el 2014, en plena campaña para las elecciones del Congreso, un preinfarto interrumpió las correrías de Serpa en Santander, y tuvo que ser ingresado a una clínica en Floridablanca.

Por lo pronto, aún se espera un parte oficial que dé cuenta del estado de salud del legislador.

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Discusión entre el Presidente de Ecopetrol y Uribe por Reficar

Al menos diez horas duró el debate de control político por los sobrecostos en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), en la plenaria del Senado, este martes.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, entre otros funcionarios, respondieron a los cuestionamientos que les formularon varios senadores, entre ellos por qué los costos del proyecto se elevaron hasta llegar a los 12 billones de pesos, unos 4.000 millones de dólares.

Una de las conclusiones de este caso es que estos sobrecostos habrían sido por culpa de la firma Chicago Bridge and Iron (CB&I), subcontratada para realizar las obras de ampliación de la refinería.

Aunque en el 2011 se conocieron algunos de los incumplimientos de CB&I, solo en el 2015, con varios indicios recaudados, se procedió a interponer una demanda de reclamación contra esta firma estadounidense y cuya pretensión de indemnización llega a los 2.000 millones de dólares.

Levantada la sesión, pasadas las 9:30 de la noche, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se enfrascó en un cruce de argumentos con Echeverry, en uno de los pasillos del recinto del Senado, en momentos en que el personal de aseo empezaba a hacer su trabajo.

De acuerdo con Echeverry, Uribe le cuestionó por qué esa demanda de reclamación no se había interpuesto en el 2011 y por qué se esperó hasta el 2015.

“Yo no soy abogado y él sí lo es. Mi punto era filosófico (…) Hay cosas que en el 2011 no se sabían porque eran los primeros incumplimientos y el senador Uribe sugirió que nosotros debíamos haber demandado penalmente en el 2011, cuando a usted le incumplen una semana”, afirmó Echeverry.

Congresistas uribistas que presenciaron el hecho  dijeron  que Uribe le hizo un reclamo adicional a Echeverry.

Según algunos presentes, en la demanda de reclamación se admite que CB&I amenazó a Reficar con abandonar el proyecto si no se aceptaban ciertos cambios que quería hacer en el contrato.

Esto, según le habría manifestado Uribe a Echeverry, es algo “muy grave” y que justificaba que se le demandara penalmente a CB&I.

El cruce de argumentos, que fue cordial, se cerró con un estrechón de manos entre ambos protagonistas.

Uribe admitió ‘adiciones’ a Reficar en su gobierno

En medio del debate, el expresidente Uribe admitió que en sus gobiernos (2002-2010) se destinaron “adiciones” al proyecto de Reficar para, entre otras cosas, “integrar la refinería con la de Barranca”.

Según el exmandatario, estas no se hicieron desde el principio de su administración porque el proyecto de la refinería se empezó “con enormes limitaciones y temores por la situación fiscal” que el país atravesaba en ese momento.

“Si ustedes me dicen que por qué eso no se hizo desde el principio, yo asumo la responsabilidad política (…) A medida que fue llegando la inversión, se fue creando confianza, se le vio un mejor futuro a Ecopetrol, etcétera, se hicieron esas adiciones”, les dijo Uribe a los senadores.

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Día en que Velásquez alias ‘Paisa’ fue capturado.

Desde hace varios días el país se enfrascó en un debate por la llegada a La Habana de Hernán Darío Velásquez, jefe de la columna Teófilo Forero de las FARC. Víctimas del guerrillero, opositores del proceso de paz y aquellos que respaldan los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno han aparecido casi diariamente a exponer sus puntos de vista sobre la presencia de este hombre.

Son muchos los artículos que se han escrito sobre este jefe subversivo y su extenso prontuario. Sin embargo, hay algunos detalles que aún resultan desconocidos para la mayoría de la opinión pública. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que pocos saben que el temido guerrillero estuvo en la cárcel y por una insólita decisión quedó libre y continuó su “carrera” en la subversión hasta alcanzar a ser uno de los hombres más temidos y buscados de Colombia.

La historia se remonta a enero de 1989, cuando con un poco más de 20 años Velásquez fue capturado en Kingston, Jamaica, junto a otros dos integrantes de las FARC. En una de sus primeras misiones en la guerrilla fue designado para ir hasta esa isla caribeña a coordinar el envío a Colombia de un gigantesco arsenal para las FARC.

Más de mil fusiles, 250 ametralladoras, 10 morteros y 60 granadas hacían parte del cargamento, que en su momento fue valorado en alrededor de US$4.000.000. Esa operación sin duda fue audaz. Los guerrilleros engañaron al gobierno de Portugal y por medio de documentos falsos del Ministerio de Defensa colombiano simularon que dicho arsenal sería comprado por el gobierno de Colombia y debía ser recogido en Jamaica. No obstante, la operación falló.

Los guerrilleros estaban hospedados en un hotel de Kingston llamado Pegaso a la espera que llegara el cargamento. Cuando finalmente el arsenal estuvo en la capital de esa isla, las autoridades locales sospecharon de un detalle. Velásquez y sus camaradas les dijeron que esperaban la llegada de un avión privado para transportar las armas hasta Colombia. La duda de las autoridades era simple. ¿Por qué semejante arsenal sería transportado en una aeronave privada y no en un avión oficial del gobierno colombiano?

Llamaron al Ministerio de Defensa a confirmar y al negar la supuesta compra quedó al descubierto la farsa. Desde Colombia viajaron autoridades y con ayuda de los jamaquinos Velásquez y sus camaradas fueron arrestados. Tras los interrogatorios confesaron que eran guerrilleros y que el cargamento había sido pagado con un embarque de droga. Fueron deportados y en Colombia fueron arrestados.Con un poco más de 20 años, el ‘Paisa fue capturado en Kingston, Jamaica.

En su momento, el decomiso fue noticia nacional. Y los nombres de Velásquez y los otros dos guerrilleros salieron a la luz pública, así como algunos detalles de la operación que impidió el ingreso de las armas. Velásquez fue enviado a la cárcel La Modelo. Sin embargo, una juez inexplicablemente lo dejó libre a los pocos meses. De ahí partió para el monte.

Muchos años después Velásquez se convirtió en un mito por sus acciones guerrilleras. Por largo tiempo su imagen fue un misterio e incluso se convirtió en el hombre de las mil caras ya que pocas fotos o retratos hablados de él se conocían. 

De hecho, se tuvo acceso a esos álbumes que por años fueron armando las autoridades sobre quien más adelante sería conocido con el alias del ‘Paisa’. Incluso, este portal tuvo acceso a una de las pocas fotos que existen del ‘Paisa’ en su fugaz paso por la cárcel La Modelo. Hoy no pocos se preguntan qué habría pasado si en 1989 aquella juez, que luego fue destituida por corrupción, hubiera condenado al ‘Paisa’ en lugar de ordenar su liberación.

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