“Estoy viviendo un calvario por cuenta de un motociclista que no hizo un pare, se estrelló con mi vehículo y se fracturó una pierna. Jamás pensé que un episodio como este se convertiría en una verdadera pesadilla y que descubriría la peor faceta de la manera como funciona el sistema de justicia de este país”.
El relato es de Orlando*, un desprevenido ciudadano que el martes 12 de abril tuvo el infortunio de verse involucrado en un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá.
Como estipula la ley, en cualquier incidente que involucre a una persona herida, debe intervenir la Fiscalía, que abre un expediente para establecer responsabilidades. Pero la norma también dice que los vehículos involucrados deben ser inmovilizados mientras se dirime el pleito.
Ahí empezó el drama para Orlando porque le notificaron que su automotor, un Chevrolet 2015 de alta gama, no sería conducido a los patios del sector de Álamos, sino a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, en el sector de Puente Aranda, a pocas cuadras del San Andresito de la calle 38.
Él no es el único. Cientos de conductores viven a diario este infierno por varias razones: El proceso judicial para que la Fiscalía determine quién fue el responsable del accidente suele durar por lo menos 15 días. En ese tiempo el vehículo debe estar en plena calle, entre decenas de carros porque no hay un parqueadero para dejarlo a buen recaudo. Es todo un drama para los propietarios, que deben lidiar con ladrones, tramitadores, vigilantes informales y hasta policías corruptos.
El problema arrancó el 3 de noviembre del 2015 cuando la Secretaría de Movilidad decidió acatar la ley y no recibir en los patios autorizados los vehículos involucrados en accidentes con heridos o fallecidos. Semana.com estuvo allí y lo que encontró es perverso.
El trámite
Las caras largas abundan en la zona aledaña a la URI de Puente Aranda, en la calle 10A entre carreras 40 y 41. Allí llegan decenas de personas para iniciar los trámites ante la Fiscalía y así poder recuperar sus vehículos luego de un accidente.
Los vehículos de todos los modelos, colores y gamas están distribuidos a lo largo de las tres manzanas aledañas a este centro judicial. Los dueños, desesperados mientras avanza su proceso, deben dormir en ocasiones dentro del vehículo para que no lo desvalijen. Algunos optan por la insólita medida de embalarlos en plástico –cual maletas– para evitar los robos.
Muchos vehículos presentan averías en latas, llantas pinchadas y de algunos sólo queda el cascarón. Por donde se camine se oyen enardecidos relatos de personas que se han sentido humilladas en lo más profundo, ante la dura situación que allí se vive por cuenta de la inoperancia oficial.
Un hombre mayor, propietario de una furgoneta, reclama por el robo de su radio. Un taxista embala su vehículo con la esperanza de que esta noche no le hurten piezas a su carro: ya le robaron el espejo izquierdo y el radio. “Esto es indignante”, dice con rabia.
A todo esto se suma la corrupción. Varios propietarios de vehículos le contaron a Semana.com que el policía encargado de realizar los trámites para asignar las audiencias cobra entre $100.000 y $150.000 para agilizarlas y lograr que su carro pueda salir de ese caos en menos de cinco días.
Testimonios
Marcela Alegría, dueña de un Nissan Versa 2015, no ha podido “pegar el ojo” desde el 15 de abril. Su carro permanece en una calle aledaña a la URI luego de que protagonizó un choque múltiple en el que una persona resultó lesionada en un dedo de la mano. En la noche tuvo que pagar por un lugar para poder parquearlo en plena vía. Luego canceló $20.000 a un improvisado vigilante. Lo cierto es que su vehículo permanecerá allí 10 días más, mientras se define su situación. “En una noche, en total, hemos pagado 60.000 pesos sólo por cambiar el carro de lugar”, contó.
En ese sitio funciona un CAI móvil de la Policía en el que permanecen dos uniformados que no responden por lo que les ocurra a los automotores. El gran temor es que de la URI vecina, a cada instante, quedan libres personas que han delinquido y no tienen problema en volver a hacerlo en las inmediaciones. Allí, en la noche, la oscuridad es total.
Luis José Porras, un taxista de 61 años, cuenta que otro carro lo estrelló y uno de los pasajeros quedó herido. El accidente ocurrió el 13 de abril y su audiencia será nueve días después. Mientras tanto, tendrá que montar guardia día y noche para evitar un robo u otro choque en esa zona industrial, donde hay alto tránsito de camiones. “Es injusto que los carros tengan que permanecer aquí en la calle. Es injusto lo que aquí sucede”, exclamó.
¿Quién responde?
A pesar de lo delicado de este asunto y de los padecimientos de los conductores, la Fiscalía y la Secretaria de Movilidad no se ponen de acuerdo para determinar a quién le corresponde la custodia de los vehículos.
En Movilidad señalan que ellos no son los encargados de la protección de los carros porque así lo ordena la ley. “En cumplimiento de lo dispuesto por el Código Nacional de Tránsito en el artículo 167, que dice que los organismos de tránsito no podrán inmovilizar en los parqueaderos autorizados, vehículos por acciones presuntamente delictuosas (accidentes de tránsito con personas lesionadas o fallecidas)”, se lee en una comunicación.
En la Fiscalía, encargada de determinar la responsabilidad del conductor en el accidente, también entregaron sus justificaciones. Un funcionario le dijo a este portal que cuando se produce un accidente con heridos o fallecidos, la oficina de Tránsito debe elaborar un croquis y todas las labores judiciales para entregarlas a un fiscal que debe definir si se configura o no una acción penal.
“Llevamos más de dos años con este problema. Los agentes de tránsito dicen que ellos no deben encargarse de las labores de policía judicial ni guardar la cadena de custodia de los vehículos. Pero desde octubre la cosa se complicó porque los policías llegan a la URI, tiran los vehículos y no entregan los reportes. Por eso a la Fiscalía le toca empezar de cero un proceso que demora 10 días”, dice una alta fuente del ente investigador.
Esa fuente advirtió que para dirimir el problema, presentará a través del Ministerio de Justicia una demanda ante el Consejo de Estado para que sea ese alto tribunal el que determine –quizás en una década– quién debe asumir la responsabilidad de los vehículos hasta que se cumpla el proceso judicial.
Excusas de una u otra parte. Galimatías jurídicos. Tira y afloje de un lado y del otro. Y mientras tanto, cientos de conductores que se ven involucrados en un accidente con muertos o heridos deben esperar y vivir una verdadera pesadilla por el caos judicial y policial, en un país donde una vez más queda patente la inoperancia institucional.