La Delegatura encontró que las empresas investigadas participaron en un acuerdo permanente e ininterrumpido para la fijación de precios mediante la concertación sobre el precio de venta de los productos, el porcentaje de incremento de ese precio y el porcentaje de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”.
Esa fue la conclusión a la que llegó la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia (de Industria y Comercio, SIC) luego de llevar a cabo una minuciosa investigación contra las empresas Kimberly, Carvajal y Scribe por la implementación del escandaloso ‘cartel de los cuadernos’.
El proceso que inició en febrero del 2015 soportó sus pruebas en correos, mensajes de Whatsapp y declaraciones de algunos involucrados.
Según la Delegada, el acuerdo entre las compañías nació en el 2001 y se extendió hasta principios del 2014. El pacto consistió en la fijación de precios de los cuadernos del segmento premium.
El documento concluye con la recomendación del delegado para la Protección de la Competencia de declarar administrativamente responsables a las tres compañías y a 27 funcionarios y exfuncionarios de estas. De recibir sanción, las empresas tendrían que pagar multas que podrían superar los 68.900 millones de pesos. La multa para las personas naturales sería cercana a los 1.378 millones de pesos.
El informe no constituye la sanción, pues se estima un periodo de 20 días para que los involucrados presenten sus observaciones en ejercicio de su defensa. Luego, el Consejo Asesor de la Competencia, integrado por cinco miembros, deberá emitir un concepto, y luego el Superintendente deberá adoptar una decisión definitiva sobre el caso, sancionando o absolviendo a los investigados.