De acuerdo con el informe anual en Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU., el proceso de paz entre las Farc y el Gobierno dio grandes pasos a lo largo del año 2015.
Dicho eso, el informe, entregado este miércoles en Washington, documenta decenas de crímenes atribuibles a las Farc, entre ellos secuestros, narcotráfico, reclutamiento de menores, siembra de minas antipersonales, asesinatos extrajudiciales y violencia sexual.
El documento también fue duro con el Estado al indicar que siguieron presentándose casos de asesinatos extrajudiciales atribuidos a las Fuerzas Armadas, al igual que cierta colaboración con grupos armados ilegales.
De acuerdo con el reporte, durante el 2015 los problemas más graves en derechos humanos que se registraron en Colombia fueron la impunidad, la ineficiencia del sistema judicial, el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social contra comunidades afrocolombianas e indígenas.
"Los asesinatos políticos y ejecuciones siguieron siendo un serio problema y se prestaron tres reportes señalando a miembros de las fuerzas de seguridad por asesinatos extrajudiciales en conexión con el conflicto armado", dice el informe en su introducción sobre Colombia.
En el informe se sostiene que la Fiscalía documentó tres nuevos casos por homicidio agravado en los que se señala a agentes del Estado y sostiene que también se le abrieron proceso a otros siete por este tipo de crímenes. Dicho eso, se señala que continuaron reduciéndose los incidentes en los que miembros del Estado asesinaron a civiles y luego los hicieron pasar como muertos en combate, también conocidos como 'falsos positivos'.
EE. UU., paralelamente, destaca los avances en el proceso de paz, entre ellos el acuerdo de justicia transicional al que se llegó en septiembre del año pasado en La Habana.
Sin embargo, dado que el informe va hasta diciembre del año pasado no analiza en detalle el contenido de ese acuerdo (que se dio a conocer al público el 15 de diciembre) y está desactualizado al presentar como un éxito la supuesta firma definitiva de la paz el 23 de marzo (que no se cumplió y cuyo nuevo plazo no ha sido anunciado todavía).
Menciona, eso sí, la polémica que existe por la decisión de investigar solamente a los máximos responsables de crímenes de guerra y faltas al Derecho Internacional Humanitario, que han denunciado varias ONG.
A la hora de describir los abusos cometidos por las Farc, el Eln y otros grupos criminales, el reporte se explaya enumerando sus crímenes.
"Estos grupos cometieron numerosos crímenes, entre ellos asesinatos políticos, uso extendido de minas antipersonales, secuestro, desapariciones forzadas, violencia sexual, intimidación de jueces, fiscales y testigos, reclutamiento de menores, ataques a defensores de DD. HH. y desplazamiento forzado", señala el informe.
Según el documento, las Farc asesinaron a personas que a su juicio trabajaban para el Gobierno y numerosos civiles, y pone como ejemplo el ataque que sufrió Diana Marcela Quiñones, una niña de 16 años que estaba embarazada.
El reporte también sostiene que tanto las Farc como el Eln siguieron traficando con drogas y secuestrando a personas por razones "políticas y económicas".
De acuerdo con reportes del Gobierno colombiano, que cita el Departamento de Estado, las Farc secuestraron a siete personas entre enero y julio de 2015, mientras que el Eln hizo lo mismo con 15 durante este mismo período. Pero luego dice que ambos grupos liberaron a prisioneros y cita el caso específico del teniente Cristian Moscoso, quien fue retenido durante los ataques contra carrotanques petroleros en julio del año pasado.
Dando crédito a la ONG Campaña Internacional para la Eliminación de Minas Antipersonales, el Departamento de Estado subraya que ambos grupos siguieron utilizando los mortales artefactos causando la muerte de 13 personas y heridas a otras 107. El informe menciona a su vez cómo las Farc cobraban a familias civiles el costo de "resembrar" una mina antipersonal activada por uno de ellos, pero destinada a miembros de la Fuerza Pública.
El informe sostiene a su vez que este grupo guerrillero continuó forzando abortos entre sus combatientes embarazadas y maltratando a prisioneros.
En el segmento de niños soldados, el documento alega que ambos grupos continuaron reclutando a menores de 18 años, pese a la promesa de las Farc de febrero pasado de suspender esa práctica. También dice que los menores no solo fueron usados como combatientes, sino como "espías y esclavos sexuales".
El texto también dedica un aparte para denunciar los ataques de las Farc a la infraestructura petrolera y carrotanques, los cuales le causaron al país graves daños ambientales.
Además, destaca la voluntad del Gobierno por castigar a los responsables de abusos y menciona cómo se elevaron los recursos para la Fiscalía y se empleó una estrategia de análisis contextual para investigar y castigar los crímenes. Pero luego dice que ese sistema "fracasó a la hora de solucionar los casos de una manera rápida y eficiente".